Inmigración: evitar el racismo y la demagogia, por Sami Naïr

Cuatro años después de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, es necesario echar un vistazo retrospectivo a su actuación en materia de política inmigratoria. Este balance es tanto más útil cuanto que algunos pretenden, una vez más, hacer de la inmigración uno de los caballos de batalla de la contienda electoral.
Evidentemente, no se trata aquí de pasar revista a una legislatura que ha tenido, como todas, altos y bajos. Sin embargo, cabe afirmar que las decisiones tomadas por el Gobierno español en cuestiones fundamentales, que comprometen el futuro del país y conciernen al refuerzo de la cohesión social, sorprenden por su audacia y su rigor.

En el fondo, y posiciones partidistas aparte, desde fuera, está claro para muchos que estos cuatro últimos años han sido los de la entrada de España en el club de los países más avanzados de Europa, e incluso que, en lo que atañe a las cuestiones denominadas "de sociedad", se ha colocado simple y llanamente a su cabeza. De hecho, las leyes sobre la igualdad hombre-mujer, sobre la violencia conyugal, sobre la dependencia y el matrimonio entre personas del mismo sexo han propulsado a España a la primera fila de la democratización de las sociedades europeas. Se trata de una ineluctable modernización de las relaciones sociales para afrontar los desafíos del siglo XXI a la que tendrán que enfrentarse, quieran o no, todas las sociedades democráticas europeas.

Sin volver sobre la retirada de la aventura en la que el anterior presidente del Gobierno involucró al país -pese a que él mismo tenía serias dudas sobre los argumentos de la Administración de Bush-, y que el desventurado pueblo iraquí cifra en cientos de miles de muertos, es el terreno de la inmigración, tal vez el mayor desafío de cara al futuro, el que da la verdadera medida del alcance de esta responsable manera de concebir la cohesión social.

La llegada al poder de Zapatero, en marzo de 2004, se produjo en condiciones difíciles. Los atentados del 11-M enmascararon durante algún tiempo los cuatro años precedentes, en los que la situación de la inmigración se había degradado brutalmente. Las razones que explican esa degradación son muy diversas, pero todas ellas participan de una misma problemática fundamental: España, nuevo país de inmigración, se estaba inclinando peligrosamente hacia una gestión cínica e instrumental de los flujos migratorios, en particular con el rechazo a la regularización de varios cientos de miles de trabajadores sometidos a la ilegalidad -y explotables a voluntad-, y con la tendencia a utilizar a la inmigración legítima como chivo expiatorio de los problemas de convivencia del país.

La inseguridad, el racismo proyectado sobre el inmigrante, todo en este terreno, no podían sino inquietar al observador. Ahora bien, al regularizar rápida y masivamente a los inmigrantes, el nuevo Gobierno levantó un verdadero dique jurídico contra la tendencia a la intolerancia y la exclusión social. Por otra parte, y no es poca cosa, contribuyó a ingresar en las arcas del Estado unos enormes dividendos, apuntaló la Seguridad Social universal y permitió que una gran parte de los jubilados españoles se beneficie de la participación activa de los inmigrantes en los fondos de pensiones -sin contar, por supuesto, la le-galización de sectores enteros de la economía del país-. En este plano, el balance es muy positivo.

Los Gobiernos europeos que criticaron al español por aquella regularización no pueden darle lección alguna: al año siguiente, Gran Bretaña regularizó sin consultar con nadie a decenas de miles de personas, lo mismo que Italia, Alemania e incluso, de forma más alambicada, Francia.

Pero no hay que perder de vista los desafíos pendientes.

Ante todo, si la política de control de flujos en las fronteras es indispensable, la actuación a favor de una política europea más abierta en materia de inmigración no lo es menos. Las corrientes migratorias no sólo existen, sino que van a intensificarse. Naturalmente, no sirve de nada convertir esta idea en un tema de comunicación gubernamental, pero, en cambio, es esencial que España, situada a las puertas de un continente africano minado por una fuerte demanda migratoria, haga comprender a la Unión Europea que no puede gestionar sola esos flujos ni, aún menos, verse reducida al ingrato papel de gendarme de la fortaleza europea.

Dicho de otro modo, España debe situar las cuestiones del desarrollo global de África y del codesarrollo vinculado a los flujos migratorios en el centro de su estrategia europea. Para dotar de contenido a la noción de "diálogo de civilizaciones", también convendría colocar en el centro de ésta la cuestión de las migraciones.

La regularización de los flujos migratorios sólo puede llevarse a cabo mediante acuerdos y políticas bilaterales con los países de origen, aprovechando el efecto masa de la riqueza europea para establecer una dinámica de solidaridad económicamente beneficiosa para todos. Desde este punto de vista, toda política basada sólo en objetivos cuantitativos de expulsión o negación de la acogida haría cada vez más difícil la gestión compartida de los flujos y, por tanto, el desarrollo. Hay que trabajar con los Estados de origen, apoyándose en Europa.

A continuación, la integración de los inmigrantes presentes en el país representa otro gran desafío. No es tarea fácil, y menos cuando algunos parecen decididos a servirse de la inmigración para enfrentar a unos ciudadanos con otros. Es indispensable articular políticas de lucha contra la xenofobia y el racismo, y, sobre todo, estrategias de mestizaje en todos los ámbitos, para que los ciudadanos se mezclen por medio de la vivienda, la educación y el empleo. La lucha contra el racismo debe ser competencia de la ley, pues cuando se discrimina al inmigrante en función de su color, religión o nacionalidad se atacan, además, los fundamentos del Estado de derecho. ¿Acaso estos últimos treinta años no han demostrado, en varios países europeos, los estragos que puede producir el auge de los sentimientos xenófobos y racistas sobre la cohesión social?

Para integrarse en las mejores condiciones, los inmigrantes han de dominar el idioma del país de acogida. Todo el mundo está de acuerdo en eso, empezando por los propios interesados. Es, naturalmente, en ese país donde hay que organizar cursos. Por otra parte, y a título de información, hay que decir que la experiencia francesa del "contrato de integración" deja bastante que desear. Todos los estudios elaborados sobre ese "contrato" demuestran, primero, que se trata de un procedimiento reducido a la más simple expresión de control administrativo de una población vulnerable; y, segundo, que muchos de los que temen que no se les renueve el permiso prefieren entrar en la clandestinidad.

En cuanto al sistema del visado por puntos, utilizado en Canadá por razones históricas, obligaría al Gobierno a una arbitrariedad total hacia los candidatos a la inmigración, lo que sería contraproducente para un país como España, que necesita mano de obra barata. Habría que dejar de hacer demagogia con estas cuestiones.

Por último, hay un punto sobre el que se hace necesario un debate público: el derecho al voto en las elecciones locales para los extranjeros regularizados. La mayoría de los inmigrantes no accederá rápidamente a la nacionalidad española; sin embargo, no pueden vivir al margen de la sociedad. El derecho al voto en las elecciones locales sería un poderoso vector de integración. Favorecería la participación ciudadana, responsabilizaría a aquellos que disfrutasen de él, permitiría defenderse a los grupos que son blanco del racismo y, por último, mejoraría la convivencia permitiendo a los extranjeros el ingreso en el sistema de usos y costumbres del país de acogida.

Hay que debatir estas cuestiones de fondo sin demagogia y sin agitar fantasmas. Los que juegan con ciertos miedos en pleno periodo electoral contraen una gran responsabilidad moral.

Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas, profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción de José Luis Sánchez-Silva.

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Fuente: El País