Los directores de Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam presentan un decálogo de propuestas para que sean asumidas por partidos y candidatos
Los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, o los compromisos contra el cambio climático no pueden ser incluidos como un adorno, sino que tienen que estar en el corazón de los programas electorales y del debate político, y formar parte esencial de la agenda del gobierno que salga de las urnas el próximo 9 de marzo. Los retos de la próxima década exigen a los partidos ir más allá de las meras declaraciones e incorporar en sus programas políticas concretas.
Así se resume el llamamiento que han hecho hoy Esteban Beltrán (director de Amnistía Internacional en España), Juan López de Uralde (director ejecutivo de Greenpeace España) y Ariane Arpa (directora general de Intermón Oxfam) durante la presentación de un decálogo de propuestas para la nueva legislatura.
Las tres organizaciones han pedido a los candidatos que concurren a las elecciones, y a sus partidos, que se comprometan a asumir estos diez retos globales como propios y a defenderlos e impulsarlos tanto si alcanzan responsabilidades de gobierno, como si ejercen sus funciones desde la oposición.
“Tenemos cuatro años por delante para reconocer que la tortura existe dentro y fuera de nuestras fronteras, para dejar de ser uno de los países europeos sin datos sobre racismo, y para pasar de políticas migratorias de mero control fronterizo a políticas basadas en los derechos humanos, incluyendo la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
"Es hora de asumir el compromiso de actuar para frenar el cambio climático y adoptar un modelo de desarrollo más sostenible. La pasividad no es una opción ante un problema que nos está afectando a todos", Juan López de Uralde, director de Greenpeace España.
“Como octava potencia mundial España debe situarse en primera línea de la política internacional, promoviendo medidas para conseguir un planeta más justo, seguro y sostenible.” –declara Ariane Arpa, Directora General de Intermón Oxfam- “La apuesta de España con el desarrollo y la protección de las personas amenazadas por los conflictos deben estar muy por encima de los intereses particulares de los partidos. Pedimos a todos los responsables políticos que trabajen en la construcción de una sociedad consciente del impacto de sus actuaciones, responsable y solidaria con el mundo que la rodea.”
Propuestas para una legislatura
Los diez puntos del decálogo contienen propuestas concretas sobre cambio climático, derechos humanos, política migratoria, y reducción de la pobreza.
En el decálogo presentado por las tres organizaciones se incluyen medidas concretas para hacer frente al cambio climático. Entre ellas destaca que el 50% de la electricidad que consumamos en 2020 provenga de fuentes de energía renovables; que se reduzcan en un 30% las emisiones de CO2, y que España destine 1.000 millones de euros anuales a final de la próxima legislatura para paliar los efectos presentes y futuros del cambio climático en los países más pobres, que son los que menos contaminan pero los que más duramente están notando sus efectos. Este dinero deberá ser adicional a los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo.
El decálogo propone una política exterior que se abstenga de cualquier complicidad en la “guerra contra el terror” que recorta libertades, y controle el comercio de armas (que en el mundo supera en 15 veces la ayuda humanitaria) que detrae recursos de la lucha contra la pobreza y el cambio climático en nombre de la seguridad; la puesta en marcha de un Plan Estatal contra el Racismo y la Xenofobia y la promoción en el seno de Unión Europea de una política migratoria que garantice los derechos de los inmigrantes.
Para asegurar que las actuaciones del gobierno y de los distintos ministerios sean coherentes con la erradicación de la pobreza y el desarrollo, se propone la creación de un Ministerio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este ministerio debería asumir el liderazgo y la coordinación de todas las intervenciones en materia de cooperación y garantizar la autonomía de la ayuda al desarrollo.
Fuente: Greenpeace
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