La memoria sesgada

Cuadro de 1.613 sobre la expulsión de los moriscos

La llegada de la democracia a España, a finales de los setenta, supuso no sólo un profundo cambio político, sino también una oportunidad para realizar una reinterpretación y desmitificación de los acontecimientos históricos que habían sido considerados como incuestionables durante siglos. Este proceso ha tenido, sin embargo, una triste excepción, la de los descendientes de los moriscos, que nunca han recibido la reparación moral que les corresponde.

Los moriscos, los musulmanes que quedaron en la Península Ibérica tras la caída de Granada, eran, al igual que los judíos sefardíes que fueron expulsados en 1492, miembros de la comunidad nacional diversa que entonces se conocía ya con el nombre de España. No obstante, su religión diferente les hizo partícipes de una cada vez mayor hostilidad por parte de las autoridades de la época, y sobre todo de la Iglesia Católica y la Inquisición, que desde el primer momento presionaron a los monarcas para que buscaran una "solución final" al problema, que en un primer momento pasó por la reducción de los moriscos a la esclavitud y su bautismo obligado, pero después, una vez que se comprobó su rechazo a abandonar sus creencias y costumbres, quedó circunscrita a una elección entre el exterminio y la expulsión. Cabe recordar en este sentido la bula emitida por el Papa Clemente VII en 1524 descargando al emperador Carlos V de todas las obligaciones resultantes de su juramento ante las Cortes de proteger la vida, la religión y las propiedades de los musulmanes. Por su parte, Fray Bleda, un dominico miembro del tribunal inquisitorial de Valencia, escribió un libro en el que afirmaba que el monarca podía ordenar que los moriscos andaluces fueran vendidos como esclavos o matados de una vez, si así lo deseaba. El mismo Fray Bleda era partidario de la matanza con preferencia a la expulsión. Sus escritos y puntos de vista fueron aprobados por la Iglesia oficial de España y el Rey pagó todos los gastos de imprenta de su obra.

Finalmente, Felipe III decidió la expulsión de los moriscos de Andalucía, Granada y Castilla en un decreto publicado el 22 de septiembre de 1609, y de Aragón y Cataluña en otro firmado el 2 de enero de 1610. Las condiciones de la expulsión fueron dramáticas. Sus propiedades y bienes fueron confiscados "excepto lo estrictamente necesario para afrontar los gastos del viaje por tierra y por mar". Muchos moriscos fueron asesinados o asaltados durante su viaje hasta los puertos de embarque.

Es difícil saber cuántos moriscos fueron expulsados. Los cálculos fluctúan entre las 600.000 y 3.000.000 personas entre los años 1492 y 1610. Los más afortunados fueron los que fueron conducidos a Marruecos, que estaba a pocas millas cruzando el estrecho de Gibraltar, y donde había musulmanes dispuestos a ayudarles una vez desembarcados. Muchos de ellos se instalaron en Fez.

Hoy, varios siglos después, los descendientes de aquellos moriscos siguen conservando sus apellidos y muchas manifestaciones de su antigua cultura. Algunos de ellos crearon el pasado 17 de marzo en la ciudad marroquí de Xauen la primera Liga de Familias de Origen Andalusí. Su principal demanda es que se les otorgue un trato idéntico a otro colectivo que se encuentra en una situación similar: el de los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España. El conocido historiador tetuaní Mohammed Ibn Azuz Hakim, descendiente de una familia andalusí de Almería, dirigió ya en 2002 una carta abierta al Rey de España, Juan Carlos I, para pedirle, como cabeza visible del Estado español, una reparación moral por el agravio cometido a sus antepasados. El profesor Ibn Azuz recordó en su misiva que el Rey de España hizo una reparación similar a los judíos sefardíes, revocando el decreto de expulsión de los mismos de 1492 y presentando públicamente sus excusas al presidente de Israel, que actuaba en representación de los judíos expulsados.

Del mismo modo, la Ley de Extranjería de 1985 otorgó un tratamiento preferencial a los judíos sefardíes, equiparándolos a los portugueses, iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos y originarios de la ciudad de Gibraltar. Los andalusíes no fueron tenidos nunca en cuenta, cosa que, según el profesor Ibn Azuz, debería remediarse en un futuro, dado que los musulmanes andalusíes no eran menos españoles que los judíos sefardíes. Esta cuestión también fue el tema estrella durante el II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza de Civilizaciones, celebrado en noviembre de 2006 en Xauen, que contó con la participación de representantes de España, Marruecos, EE UU, Libia, Argelia y la Unesco. En aquel encuentro se aprobó la denominada Declaración de Xauen, donde se pedía la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los moriscos expulsados de España, que dispongan de suficientes datos registrales que les permita probar tal condición. Su número podría alcanzar los varios miles y se encontrarían repartidos por Marruecos, Argelia y Túnez. El profesor Ibn Azuz espera que la derecha española no se oponga a esta propuesta y ha recordado en este sentido que el apellido Aznar, del ex presidente del Gobierno, es de origen morisco.

Firman este artículo Yusuf Fernández, portavoz de la Junta Islámica y director de webislam.com, y Yonaida Selam, presidenta de la Asociación Intercultura de Melilla. Publicado en El País el 05/05/07